El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), con sus unidades, afectó en 26.847 millones de pesos las finanzas que los grupos armados organizados obtienen de la minería ilegal.
Estas afectaciones se han logrado en menos de una semana y media.
En desarrollo de operaciones contra el delito de la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, tropas del Ejército Nacional, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, y en coordinación con la Policía Nacional Carabineros y Protección Ambiental, efectuaron, en los departamentos de Antioquia y Chocó, la inutilización de 88 unidades de producción minera (UPM) que harían parte de las finanzas ilícitas de estructuras criminales y del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
Las acciones militares desarrolladas por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros iniciaron en el corregimiento de Chintadó, municipio de Yuto, Chocó; ahí las tropas, con apoyo del Batallón de Infantería N.° 12, ubicaron 69 UPM, 22 dragas tipo buzo y 10 unidades de maquinaria amarilla (excavadoras), avaluadas en 4974 millones de pesos.
Entretanto, en el sector Aguacates del Bagre y la vereda Caño la Tres, de Zaragoza, Antioquia, los soldados inhabilitaron 11 UPM y 11 dragas tipo buzo, empleadas por el Clan del Golfo, Subestructura Uldar Cardona, para la extracción ilegal de oro, esto representa una afectación económica a la organización armada en 2988 millones de pesos.
Así mismo, en el sector Mandinga, de la vereda río Man de Cáceres, Antioquia, fueron inutilizadas 8 unidades de producción minera tipo cielo abierto, estimadas en casi 70 millones de pesos y que pertenecerían al Clan del Golfo, Subestructura Yeison Leudo Chaverra.
Estas UPM ilegales generarían una extracción de 52.550 gramos de oro al mes, con un valor calculado en 26.847 millones de pesos en el comercio. De esta manera, se afectan nuevamente las economías ilícitas de esta estructura armada, así como de grupos criminales que se lucran de las ganancias.
Con las operaciones militares se logra frenar el daño ambiental causado a los caudales que nutren de agua dulce estas regiones, ya que se disminuye la contaminación con mercurio y otros metales pesados. Igualmente, se reduce la sedimentación en los ríos, la deforestación masiva en los bosques, la pérdida de biodiversidad y los daños significativos en los suelos, que demorarían entre 40 a 50 años en recuperarse.
El aprovechamiento ilícito de minerales realizado sin contar con el título minero legal estipulado en la Ley 685 de 2001, del Código de Minas, no afecta solo los recursos naturales, sino el bienestar y la seguridad de las familias que viven y se benefician legalmente de estas fuentes hídricas.
El Ejército Nacional, en articulación con entidades estatales, continúa en el desarrollo de operaciones militares que mitiguen la afectación al medio ambiente como consecuencia de la extracción ilícita de minerales.